Con esta medida exagerada y hasta abusiva, muchas comunidades del interior de estas provincias que desde hace varios años e incluso antes que se emita esta decisión prohibitiva ya contaban de parte de las UGELs con la autorización de funcionamiento de los PRONOEIs que atendían con todo derecho a niños de entre 3 a 5 años de edad e incluso están reconocidos y registrados en el SIAGIE del MED.
La decisión del ARA en San Martín no es desacertada, al contrario contribuye a conservar y proteger los bosques de una tala y aprovechamiento irracional e indiscriminada; pero esta medida sería implementada con buen criterio técnico en el caso de que recién se estarían creando los programas en mención; pero sucede que en estas comunidades de la zona rural donde la educación debe ser priorizada, los programas ya han sido creados y autorizados sus funcionamiento y sólo falta el acto administrativo de conversión y no de creación, como mal lo interpretan los funcionarios del ARA, además la asignación del presupuesto para el pago del personal docente ya fue transferido por el MED y está disponible para el contrato docente respectivo.
La Constitución Política del Perú, en sus artículos del 13° al 17° y demás normas vinculantes, consagra la educación como un derecho para los niños, un servicio básico esencial y una obligación para el estado y sus órganos des-concentrados de garantizarlo en el lugar donde existan alumnos priorizando la zona rural, de frontera y de difícil acceso.
Con esta premisa, la medida que viene siendo implementado por el ARA en toda la región San Martín, resulta atentatorio al servicio educativo y al derecho que tienen los niños y niñas de recibir una educación oportuna, eficiente y de calidad.
Salvo mejor parecer.
Fuente: Juanjui Noticias.
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